Pehuajó Deuda externa y menos educación. Proponen una Comisión Bicameral Investigación y control de la deuda pública

Más deuda y menos educación

El presupuesto real para educación, teniendo en cuenta la inflación, será menor que el del año 2008.

En los 5 años que van desde el 2004 al 2008, el gobierno nacional destinó a educación 37 mil millones de pesos (expresado en dólares, representa una cifra de alrededor de 11.800 millones). Esta suma comprende el sostenimiento de todas las universidades nacionales, lo que insume bastante más de la mitad del total de los recursos; el plan de las 700 escuelas (que aún no se terminaron); el fondo para las escuelas técnicas; y el incentivo docente, entre otros rubros.

En el mismo período, el gobierno pagó 30.370 millones de dólares de una deuda externa fraudulenta, ilegítima y odiosa: 10.000 millones de dólares salieron de las reservas del Banco Central para pagarle al FMI por adelantado, y el resto salió del Tesoro nacional (que se forma principalmente con la recaudación de impuestos como el IVA).

A pesar de esa sangría, a diciembre de 2008 la deuda pública ascendía a 175.000 millones de dólares (según el Ministerio de Economía), pero algunos estiman que en realidad ya supera los 180 mil millones, valor engordado respecto de los 144.222,2 millones de dólares que tenía a fines de 2001, en el pico de la crisis desatada entonces.

Este año, el gobierno prevé pagar con recursos del presupuesto nacional otros 24.618 millones de pesos (6.600 millones de dólares) en servicios de la deuda.

Esta suma es casi el doble de lo que se presupuestó para educación, que asciende a 13.370 millones de pesos (o 3.500 millones de dólares).

El gasto público total presupuestado para el 2009 por el gobierno nacional, implica un crecimiento del 40% con respecto al total gastado el año pasado.
Sin embargo, mientras que el gasto en servicios de la deuda de este año será 45% más que el del año pasado, el aumento (nominal) para educación sólo alcanzaría el 14%.

Esto significa que, considerando la inflación que hubo durante el año 2008 (se estima que como mínimo la inflación del 2008 fue de alrededor del 28%), el presupuesto real de este año para todos los rubros de educación será menor que el del año pasado, cuando a todas luces fue insuficiente para atender las necesidades que plantea la gravísima crisis educativa que se profundiza cada vez más. Las verdaderas prioridades de la política de CFK están a la vista.

Destruyen la escuela pública

Con su permanente doble discurso, el gobierno declama que ahora el Estado sí “interviene” para “redistribuir” la riqueza, en contraste con lo que ocurría en la era de Menem. Es preciso desenmascarar en qué se gastan los recursos públicos: ese mayor gasto público está destinado especialmente a pagar una deuda fraudulenta e ilegítima, contraída por dictaduras y gobiernos corruptos, y a subsidiar al capitalismo de amigos del poder K, quienes son los verdaderos beneficiarios de este “modelo”.
Para dar un ejemplo, este año, el Ministerio de Planificación Federal de De Vido tiene previsto gastar más de 19.000 millones de pesos sólo en subsidios a empresas privatizadas de energía y transporte. Estos subsidios aumentaron por encima del 600% durante la era Kirchner. En cambio, el presupuesto nacional de educación, sólo creció 1,8 veces en el mismo período.

Las transferencias de escuelas nacionales a las provincias (comenzadas por Videla-Martínez de Hoz y completadas por Menem-Cavallo), promovieron un falso federalismo por el cual cada Estado provincial se arregla como puede para sostener sus escuelas, y generaron cada vez más desigualdades en el sistema educativo.
En la práctica, los presupuestos educativos provinciales se aplican casi exclusivamente (98%) al pago de los magros salarios docentes. Casi nada queda, pues, para cubrir el resto de las necesidades de las escuelas, como la ampliación o mantenimiento de los edificios, el equipamiento, los libros y materiales didácticos, las becas, los comedores, el transporte escolar, etc., y tampoco se crean los cargos docentes y de apoyo necesarios para la educación de los chicos.

En síntesis: continúa la esencia de las políticas de destrucción de la escuela pública y se paga una deuda inmoral con el hambre y sufrimiento de millones de argentinos.


Proponen una Comisión Bicameral
Investigación y control de la deuda pública

Con la firma de Adolfo Rodríguez Saa y otros senadores nacionales, ha sido presentado en la Cámara Nacional de Senadores un proyecto de ley para la creación de una Comisión Bicameral Mixta de Legitimidad y Monitoreo de la Deuda Pública Argentina, de carácter permanente.
Según lo plantea su Art. 2°, serán funciones de la Comisión Bicameral: Analizar todo documento oficial y privado que le sea puesto a disposición sobre la deuda pública, interna y externa, del Estado argentino. Determinar la legitimidad de los créditos contraídos y a contraer por la República Argentina. Monitorear y dictaminar sobre las negociaciones y actos de reestructuración de pasivos ejecutados o a ejecutar por el Poder Ejecutivo Nacional. Emitir informes, formular observaciones, propuestas y recomendaciones a las Cámaras Legislativas, sobre cualquier aspecto de la deuda pública argentina. Controlar la marcha de los procesos judiciales y extrajudiciales en que el Estado argentino sea parte, como actor o demandado, en organismos del país y del extranjero, en los que directa o indirectamente se debata un asunto de deuda pública. Coordinar acciones con los estados provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, para la determinación de sus respectivas deudas públicas, pudiendo emitir en estos casos informes, observaciones, propuestas, recomendaciones, sin invadir las competencias de aquellos estados.
Esta Comisión Bicameral estará integrada por 15 miembros, que ejercerán su cargo de manera honoraria: senadores y diputados nacionales, expertos de destacada trayectoria en la materia, representantes designados por la presidencia, el presidente de la Auditoría Gral. de la Nación y el del Banco Central, y el defensor del Pueblo. También plantea que “Ningún organismo estatal podrá demorar más de 10 días hábiles administrativos el envío o puesta a disposición de los documentos o informaciones requeridos por la Comisión Bicameral”.