Las Malvinas son argentinas
¡ Decile no a la nueva ofensiva colonialista británica sobre el Atlántico Sur y la Antártida !
¡ Decile no ante el reclamo del imperialismo inglés de solicitar una franja de 3 millones de Km2 que se incorporarían a la soberanía de la Unión Europea !
¡ Decile no a la nueva ofensiva británica para colonizar 4.000.000 de kilómetros cuadrados de plataforma submarina, y consolidar sus pretensiones sobre la Antártida !
Declaración del Obispo Enrique Eguía Seguí
El obispo Enrique Eguía Seguí, uno de los prelados de la delegación argentina que se entrevistó con el Papa dijo una gran verdad que es por todo el pueblo argentino conocida en la radio del Vaticano, "la corrupción en la Argentina ya está institucionalizada". No es una novedad pero .... recuerda que desde hace decadas en esta país cada obra es un gran negociado.
.La gravedad de la situación social fue recogida por el cardenal Bergoglio, que señaló "el escándalo de la pobreza y la exclusión social".
Renuncia del titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido
Renunció el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, afirmando que "la corrupción tiene impunidad absoluta", según tituló el diario Clarín (13/3/09).
Garrido tomó la decisión cuatro meses después de que fueran acotadas sus funciones por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, mediante la resolución 147, que limitó su participación en causas judiciales. Esto se sumó a otros manejos previos, como la negación de documentación por la AFIP, la Auditoría General de la Nación, etc.
Garrido tenía en su cuenta más de 100 denuncias, entre ellas muchas que apuntan al corazón de la corrupción K: la manipulación estadística del Indec; una apelación al cierre de la causa que investiga el enriquecimiento de los Kirchner; se opuso al descarte de las grabaciones como prueba de coimas en el caso Skanska; denunció la "bolsa" de la ministra Felisa Micelli, el reparto "discrecional" de la publicidad estatal, se opuso a la renovación del contrato a Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian, por irregularidades en la concesión; participó en la investigación del pago de sobreprecios en el tendido eléctrico en Santa Cruz, a cargo de Electroingeniería (la Auditoría General de la Nación le impidió acceder a los datos); investigó al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por viajar en aviones del grupo Plaza y pagar sobreprecios en los trenes, etc.
Declaración del premio Nóbel Paul Krugman
En EEUU la crisis se agrava día a día. Quizá es por eso que el economista demócrata y premio Nóbel Paul Krugman, que en febrero presagió una tasa real de desempleo del 15% (20 millones de norteamericanos), estima que incluso los astronómicos 800.000 millones de dólares del plan de estímulo de Obama "es poco y llega tarde".
jueves, 19 de marzo de 2009
jueves, 12 de marzo de 2009
PEHUAJO SANTA CRUZ REGALA PETROLEO ORO Y PLATA
Desde Kirchner para acá Santa Cruz regala el petróleo, el oro y la plata
Parece que la valiente monarquía bicéfala santacruceña le regala más de 6 mil millones de dólares por año, desde la época menemista, a las multinacionales mineras como ésta, cuyo dueño es Anglo Glod (de origen británico y sudafricano!!!), que cuenta entre sus directores a Mr. R. P. Edey (del grupo Rothschild) y a F. B. Arisman (del JP Morgan Chase).
Evidentemente, la «lucha contra la oligarquía agropecuaria» le sirve al kirchnerismo para ocultar su entrega del patrimonio minero argentino A LA OLIGARQUÍA FINANCIERA GENOCIDA Y APÁTRIDA (a pesar que algunos deliren pensando «Cristina es inteligente»)
Confirmado: Cerro Vanguardia le deja magros 4,7 millones de pesos por año a la provincia y cobra reembolso por exportación
[Cerro Vanguardia - Mina de oro en Santa Cruz]
02/02 - 09:30 - Desde Kirchner para acá Santa Cruz regala el petróleo, el oro y la plata. Así queda expuesto en una serie de datos que han aparecido en las últimas horas los cuales demuestran que nadie protege los recursos naturales de la provincia. Ha existido una sistemática destrucción de la riqueza y entrega del patrimonio a las multinacionales. No se condice lo que extraen con lo que aportan en concepto de regalías. Recién ahora el Estado amenaza con ejercer controles.
Lamentablemente para los políticos que ocultan y mienten y para las empresas multinacionales que coordinan, apoyan y facilitan esas mentiras y ocultamientos, existe una parte de la prensa que al menos se interesa por contar las cosas que no suelen ser del agrado de estos pooles económicos que operan en la región.
Nos referimos a la renta minera (petróleo y minería) que le deja la explotación de los distintos yacimientos a las operadoras y al gobierno de Santa Cruz.
Sucede que en el marco de una visita que hizo a Cerro Vanguardia nuestra colega Mariela Arias y tal como lo difundió por Séptimo Día, dentro de los datos que recabó la periodista, a quien le mostraron una impecable infraestructura de explotación altamente tecnificada con certificación ISO 14001, es decir que cumple absolutamente con todos las normas medioambientales, se encontró con datos ciertamente poco conocidos o al menos no difundidos por ningún gobierno provincial desde que el ex Gobernador Néstor Kirchner encabezaba las listas de preferencias políticas santacruceñas.
El dato más interesante es que durante el 2008 Cerro Vanguardia le tributó a la provincia de Santa Cruz la escasa (nimia, inexistente, ínfima) suma de 4,7 millones de pesos en concepto de regalías por la extracción de oro y plata más el uso del agua (¿?). En tanto Fomicruz por su participación empresaria del 7,5%, incorporó 38 millones
Haciendo un pequeño juego de comparaciones para tener la dimensión de lo exiguo que aporta la minera, por llevarse todo el material durante un año, digamos que 4,7 millones en Santa Cruz equivalen a:
[La obra del centro chileno] 12 casas del IDUV o a la construcción de un gimnasio de cualquier escuela en Santa Cruz por parte de Austral Construcciones, Gotti o similares.
Es un monto similar, por ejemplo, que lo asignado por el gobierno provincial para "terminar" El Centro Chileno de calle Roca, para el cual destinó 4,4 millones.
O podríamos decir que con un año de regalías de Cerro Vanguardia la provincia solo podría haber pagado el 9,2% del costo que tuvo la remodelada pasarela del glaciar Perito Moreno, que costó 50 millones más ampliaciones, que cobró Esuco.
Pero esto no es todo, trascendió también que si bien Vanguardia deja el 1% en concepto de regalías, la empresa recibe en concepto de reembolso por parte del Estado, por exportar desde el puerto de Punta Quilla, el 1%. ¿Quedamos hechos?
Ahora (recién ahora, diríamos) está pensando seriamente el gobierno en aumentar los cánones de la producción minera.
Recientemente el Ministro de Economía aludiendo a los enormes beneficios que da la minería en Santa Cruz y de ellas la estrella dorada Cerro Vanguardia, dijo que en el 2008 el Estado provincial recibió 16 millones de pesos en regalías. Claro, se olvidó de cerrar la idea y completar la información: ese importe (de por si exiguo) corresponde a los beneficios por regalías que aportan todas las mineras (en conjunto) que explotan el suelo provincial, con lo cual el promedio del canon que abona cada una es prácticamente irrisorio, si a esto le sumamos las exenciones impositivas que tienen y el reembolso que le hace el gobierno por utilizar puertos patagónicos, no hay dudas que le pagamos a las mineras para que se lleven la riqueza. Como si esto fuera poco la legislación les asegura inamovilidad de condiciones impositivas por 30 años.
También el mensaje es falaz cuando se repite una y otra vez que las regalías corresponden al 3% del producto extraído, sino que al ministro le faltó colocar la preposición "hasta" en la oración, con lo cual la realidad cambia notablemente a la hora de percibir el canon correspondiente, porque el 3% es un techo y no un porcentaje único e inamovible que se utilice para las negociaciones con las multinacionales que explotan suelo provincial, de hecho Cerro Vanguardia abona el 1%. Siendo que CV es la joya de la abuela, ¿cuánto tributan las otras mineras que gozan de menos cartel en Santa Cruz?
De esto no se habla
Es importante aclarar esto porque en una conversación planteada con nuestro colega Héctor Barabino llegamos a la conclusión de que en realidad a las mineras les preocupa poco que el marco de los cuestionamientos sociales se centren en los aspectos mendioambientales (léase contaminación, impacto ecológico, modificación del medioambiente, etc.), ya que a éstas cuestiones las tienen virtualmente resueltas a partir de tecnologías aplicadas y programas diseñados para minimizar los efectos nocivos, con lo cual pueden (como en el caso de la invitación que le hicieron a Mariela) mostrar perfectamente un desarrollo de punta bajo condiciones altamente confiables que les permite acceder a la cucarda que les cuelgan con las ISO 14001 y por ese lado destruyen cualquier argumento o al menos pueden contrastarlo con cuestiones fácticas que saltan a la vista.
Sin embargo el mensaje que más les molesta y los preocupa es el de Pino Solanas, por ejemplo, cuando habla de la renta petrolera-minera, porque en este aspecto ni el Estado ni las mineras son claros (ni pueden serlo) a la hora de informar, porque entre ambas partes se viene convalidando desde la época en que Kirchner gobernaba Santa Cruz, un despojo absolutamente evidente de los recursos naturales de la provincia que le ha quitado todos estos años a sus escasos habitantes, la posibilidad de vivir mucho mejor y más holgadamente en situaciones comparativas con otros Estados provinciales del país.
En Santa Cruz desde hace más de 20 años existe una desinformación bien orquestada desde los aparatos del Estado para ocultar los datos que con una simple ecuación nos resumiría cuánto sacan de riqueza y cuánto dejan de rédito a la provincia. Ni el gobierno, ni la Legislatura, ni el Tribunal de Cuentas informan cuánto oro, plata y material secundario extraen, a qué costo, cuánto pagan y a cuánto lo venden y solo cuando pasan estas cosas o se filtran escasos datos que nos orientan hacia la magnitud del negocio, se advierte la excitación que sufren los actores de uno y otro lado que salen a despotricar contra todo lo que ofenda su magnánima tarea de esforzado trabajo y "baja rentabilidad", según lo expresan sin ponerse colorados.
¿Las petroleras dan fe?
Esto también corre en paralelo con la explotación petrolera. Recuerdo que en el 2005 en una de nuestras notas a partir de un conflicto dentro del Sindicato de Petroleros Privados, tuvimos acceso a las declaraciones de un ingeniero que nos contó con enormes detalles cómo las operadoras extraen a mansalva el petróleo del subsuelo ante la mirada disimulada del Estado que no quiere controlar ¿Por qué será?
En esa oportunidad contamos pormenorizadamente cómo cada mes las petroleras le elevaban un Acta donde "daban fe" de la cantidad de barriles extraídos y sobre ese dato, totalmente arbitrario y parcial, el Estado provincial calculaba las regalías que debían ingresar en sus arcas, lo cual – apuntábamos en ese momento – constituía una entrega lisa y llana de las riquezas con la complicidad de los gobiernos provinciales (y nacionales) que desde Kirchner para acá se dedicaron a mirar para otro lado mientras ordeñaban el suelo en forma intensiva.
La reacción fue inmediata. Funcionarios del entonces Gobernador Sergio Acevedo, el mismo que cuando puede sale a contar (lo que le conviene) sobre los negociados del petróleo en Santa Cruz de los que él mismo participó, ayudó a fortalecer y financió desde Alcorta, iniciaron una serie de desmentidas señalando en los medios oficiales y oficiosos (que para eso les pagan) que no era así y se trataba de una campaña de desestabilización.
Debieron pasar dos años para que el Estado provincial reconozca a través de sus administradores actuales que la provincia de Santa Cruz ha dejado que todos estos años le robaran el petróleo del subsuelo, sin ningún tipo de control ni preocupación por lo que estaba sucediendo.
La semana pasada se abrieron los sobres licitando el servicio de control en boca de pozo, porque – como dijeron muy tranquilamente ante la prensa local que tiene mucha amnesia porque no pregunta sobre el pasado – hasta ahora los controles de extracción los hace la misma empresa que luego da fe ante el gobierno provincial de la cantidad de petróleo que sacó en el mes.
Recién ahora (y aún falta mucho para la instrumentación de los controles) el gobierno da una señal de cordura y se propone conocer acertadamente cuánto extraen, qué pagan y por cuánto nos pagan. Pero nadie habla del pasado.
La prensa local alaba la iniciativa del gobierno en materia de control y éste hace una exposición impecable de lo que nos hemos perdido de ganar todos estos años, merced a la falta de control oficial, y se contagia del mismo mal que sufre la prensa, al no recordar que hace 20 años pululan por calle Alcorta gobernadores del mismo signo político que el actual (con mayor responsabilidad en Néstor Kirchner, su ideólogo y patrón político) y la Legislatura retiene la mayoría del FPVS durante casi el mismo periodo.
La pregunta es: ¿Qué hacemos con lo que se llevaron y lo que perdió de cobrar Santa Cruz?, irrecuperable. ¿Qué deberíamos hacer con lo que impulsaron esta irremediable entrega y negociaron en condiciones tan desventajosas para la provincia (no para ellos, seguramente)? ¿No habría que juzgarlos por una serie de delitos que hasta podría incluir el de traición a la Patria?
Conclusión
Nadie puede sorprenderse en estos tiempos de la enorme dilapidación que hubo y hay sobre los recursos naturales de la provincia de Santa Cruz. El Estado es un ente ausente en los controles y los personeros y lobbystas que las empresas usan de nexo para conectar buenos negocios y que en otras épocas se llamaban "cipayos", hoy suelen disfrazarse de "CEO", "Gerentes", "Presidentes" o "Apoderados", pero en general son personas funcionales a los intereses de las multinacionales que obran en virtud de las fuertes sumas de dólares que vuelcan esas empresas para lograr sus objetivos, mayores inclusive que los magros 4.7 millones de pesos que anualmente le reintegran las mineras al Estado provincial.
Cabe recordar al Diputado Aníbal Billoni que fundamentó sobradamente en la Cámara de Diputados la extensión del contrato petrolero por 30 años, luego que la empresa PAE reconoció ante el gobierno que no podría invertir lo prometido, el legislador sin ningún tipo de autocrítica dijo "me siento engañado" y allí parece haber terminado la responsabilidad de quien fue utilizado como herramienta final para hipotecar los recursos del subsuelo santacruceño.
Indudablemente si no existe el castigo social, el reclamo popular y el castigo en la justicia para aquellos que negocian espurios acuerdos detrás del interés de la gente, el saqueo seguirá vigente y esto solo podrá ser detenido cuando haya jueces probos e incorruptibles, Fiscales con audacia y entereza, una prensa libre y un pueblo con verdadero compromiso por el futuro de sus hijos.
Mientras ello no suceda las mineras seguirán pagándole al Estado provincial 4 millones de pesos por año y las petroleras dejando constancia en un papel sellado lo que dicen que se llevan de ganancia.
El Estado bobo no existe, lo hacen bobo para robarse el futuro de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)
Evidentemente, la «lucha contra la oligarquía agropecuaria» le sirve al kirchnerismo para ocultar su entrega del patrimonio minero argentino A LA OLIGARQUÍA FINANCIERA GENOCIDA Y APÁTRIDA (a pesar que algunos deliren pensando «Cristina es inteligente»)
Confirmado: Cerro Vanguardia le deja magros 4,7 millones de pesos por año a la provincia y cobra reembolso por exportación
[Cerro Vanguardia - Mina de oro en Santa Cruz]
02/02 - 09:30 - Desde Kirchner para acá Santa Cruz regala el petróleo, el oro y la plata. Así queda expuesto en una serie de datos que han aparecido en las últimas horas los cuales demuestran que nadie protege los recursos naturales de la provincia. Ha existido una sistemática destrucción de la riqueza y entrega del patrimonio a las multinacionales. No se condice lo que extraen con lo que aportan en concepto de regalías. Recién ahora el Estado amenaza con ejercer controles.
Lamentablemente para los políticos que ocultan y mienten y para las empresas multinacionales que coordinan, apoyan y facilitan esas mentiras y ocultamientos, existe una parte de la prensa que al menos se interesa por contar las cosas que no suelen ser del agrado de estos pooles económicos que operan en la región.
Nos referimos a la renta minera (petróleo y minería) que le deja la explotación de los distintos yacimientos a las operadoras y al gobierno de Santa Cruz.
Sucede que en el marco de una visita que hizo a Cerro Vanguardia nuestra colega Mariela Arias y tal como lo difundió por Séptimo Día, dentro de los datos que recabó la periodista, a quien le mostraron una impecable infraestructura de explotación altamente tecnificada con certificación ISO 14001, es decir que cumple absolutamente con todos las normas medioambientales, se encontró con datos ciertamente poco conocidos o al menos no difundidos por ningún gobierno provincial desde que el ex Gobernador Néstor Kirchner encabezaba las listas de preferencias políticas santacruceñas.
El dato más interesante es que durante el 2008 Cerro Vanguardia le tributó a la provincia de Santa Cruz la escasa (nimia, inexistente, ínfima) suma de 4,7 millones de pesos en concepto de regalías por la extracción de oro y plata más el uso del agua (¿?). En tanto Fomicruz por su participación empresaria del 7,5%, incorporó 38 millones
Haciendo un pequeño juego de comparaciones para tener la dimensión de lo exiguo que aporta la minera, por llevarse todo el material durante un año, digamos que 4,7 millones en Santa Cruz equivalen a:
[La obra del centro chileno] 12 casas del IDUV o a la construcción de un gimnasio de cualquier escuela en Santa Cruz por parte de Austral Construcciones, Gotti o similares.
Es un monto similar, por ejemplo, que lo asignado por el gobierno provincial para "terminar" El Centro Chileno de calle Roca, para el cual destinó 4,4 millones.
O podríamos decir que con un año de regalías de Cerro Vanguardia la provincia solo podría haber pagado el 9,2% del costo que tuvo la remodelada pasarela del glaciar Perito Moreno, que costó 50 millones más ampliaciones, que cobró Esuco.
Pero esto no es todo, trascendió también que si bien Vanguardia deja el 1% en concepto de regalías, la empresa recibe en concepto de reembolso por parte del Estado, por exportar desde el puerto de Punta Quilla, el 1%. ¿Quedamos hechos?
Ahora (recién ahora, diríamos) está pensando seriamente el gobierno en aumentar los cánones de la producción minera.
Recientemente el Ministro de Economía aludiendo a los enormes beneficios que da la minería en Santa Cruz y de ellas la estrella dorada Cerro Vanguardia, dijo que en el 2008 el Estado provincial recibió 16 millones de pesos en regalías. Claro, se olvidó de cerrar la idea y completar la información: ese importe (de por si exiguo) corresponde a los beneficios por regalías que aportan todas las mineras (en conjunto) que explotan el suelo provincial, con lo cual el promedio del canon que abona cada una es prácticamente irrisorio, si a esto le sumamos las exenciones impositivas que tienen y el reembolso que le hace el gobierno por utilizar puertos patagónicos, no hay dudas que le pagamos a las mineras para que se lleven la riqueza. Como si esto fuera poco la legislación les asegura inamovilidad de condiciones impositivas por 30 años.
También el mensaje es falaz cuando se repite una y otra vez que las regalías corresponden al 3% del producto extraído, sino que al ministro le faltó colocar la preposición "hasta" en la oración, con lo cual la realidad cambia notablemente a la hora de percibir el canon correspondiente, porque el 3% es un techo y no un porcentaje único e inamovible que se utilice para las negociaciones con las multinacionales que explotan suelo provincial, de hecho Cerro Vanguardia abona el 1%. Siendo que CV es la joya de la abuela, ¿cuánto tributan las otras mineras que gozan de menos cartel en Santa Cruz?
De esto no se habla
Es importante aclarar esto porque en una conversación planteada con nuestro colega Héctor Barabino llegamos a la conclusión de que en realidad a las mineras les preocupa poco que el marco de los cuestionamientos sociales se centren en los aspectos mendioambientales (léase contaminación, impacto ecológico, modificación del medioambiente, etc.), ya que a éstas cuestiones las tienen virtualmente resueltas a partir de tecnologías aplicadas y programas diseñados para minimizar los efectos nocivos, con lo cual pueden (como en el caso de la invitación que le hicieron a Mariela) mostrar perfectamente un desarrollo de punta bajo condiciones altamente confiables que les permite acceder a la cucarda que les cuelgan con las ISO 14001 y por ese lado destruyen cualquier argumento o al menos pueden contrastarlo con cuestiones fácticas que saltan a la vista.
Sin embargo el mensaje que más les molesta y los preocupa es el de Pino Solanas, por ejemplo, cuando habla de la renta petrolera-minera, porque en este aspecto ni el Estado ni las mineras son claros (ni pueden serlo) a la hora de informar, porque entre ambas partes se viene convalidando desde la época en que Kirchner gobernaba Santa Cruz, un despojo absolutamente evidente de los recursos naturales de la provincia que le ha quitado todos estos años a sus escasos habitantes, la posibilidad de vivir mucho mejor y más holgadamente en situaciones comparativas con otros Estados provinciales del país.
En Santa Cruz desde hace más de 20 años existe una desinformación bien orquestada desde los aparatos del Estado para ocultar los datos que con una simple ecuación nos resumiría cuánto sacan de riqueza y cuánto dejan de rédito a la provincia. Ni el gobierno, ni la Legislatura, ni el Tribunal de Cuentas informan cuánto oro, plata y material secundario extraen, a qué costo, cuánto pagan y a cuánto lo venden y solo cuando pasan estas cosas o se filtran escasos datos que nos orientan hacia la magnitud del negocio, se advierte la excitación que sufren los actores de uno y otro lado que salen a despotricar contra todo lo que ofenda su magnánima tarea de esforzado trabajo y "baja rentabilidad", según lo expresan sin ponerse colorados.
¿Las petroleras dan fe?
Esto también corre en paralelo con la explotación petrolera. Recuerdo que en el 2005 en una de nuestras notas a partir de un conflicto dentro del Sindicato de Petroleros Privados, tuvimos acceso a las declaraciones de un ingeniero que nos contó con enormes detalles cómo las operadoras extraen a mansalva el petróleo del subsuelo ante la mirada disimulada del Estado que no quiere controlar ¿Por qué será?
En esa oportunidad contamos pormenorizadamente cómo cada mes las petroleras le elevaban un Acta donde "daban fe" de la cantidad de barriles extraídos y sobre ese dato, totalmente arbitrario y parcial, el Estado provincial calculaba las regalías que debían ingresar en sus arcas, lo cual – apuntábamos en ese momento – constituía una entrega lisa y llana de las riquezas con la complicidad de los gobiernos provinciales (y nacionales) que desde Kirchner para acá se dedicaron a mirar para otro lado mientras ordeñaban el suelo en forma intensiva.
La reacción fue inmediata. Funcionarios del entonces Gobernador Sergio Acevedo, el mismo que cuando puede sale a contar (lo que le conviene) sobre los negociados del petróleo en Santa Cruz de los que él mismo participó, ayudó a fortalecer y financió desde Alcorta, iniciaron una serie de desmentidas señalando en los medios oficiales y oficiosos (que para eso les pagan) que no era así y se trataba de una campaña de desestabilización.
Debieron pasar dos años para que el Estado provincial reconozca a través de sus administradores actuales que la provincia de Santa Cruz ha dejado que todos estos años le robaran el petróleo del subsuelo, sin ningún tipo de control ni preocupación por lo que estaba sucediendo.
La semana pasada se abrieron los sobres licitando el servicio de control en boca de pozo, porque – como dijeron muy tranquilamente ante la prensa local que tiene mucha amnesia porque no pregunta sobre el pasado – hasta ahora los controles de extracción los hace la misma empresa que luego da fe ante el gobierno provincial de la cantidad de petróleo que sacó en el mes.
Recién ahora (y aún falta mucho para la instrumentación de los controles) el gobierno da una señal de cordura y se propone conocer acertadamente cuánto extraen, qué pagan y por cuánto nos pagan. Pero nadie habla del pasado.
La prensa local alaba la iniciativa del gobierno en materia de control y éste hace una exposición impecable de lo que nos hemos perdido de ganar todos estos años, merced a la falta de control oficial, y se contagia del mismo mal que sufre la prensa, al no recordar que hace 20 años pululan por calle Alcorta gobernadores del mismo signo político que el actual (con mayor responsabilidad en Néstor Kirchner, su ideólogo y patrón político) y la Legislatura retiene la mayoría del FPVS durante casi el mismo periodo.
La pregunta es: ¿Qué hacemos con lo que se llevaron y lo que perdió de cobrar Santa Cruz?, irrecuperable. ¿Qué deberíamos hacer con lo que impulsaron esta irremediable entrega y negociaron en condiciones tan desventajosas para la provincia (no para ellos, seguramente)? ¿No habría que juzgarlos por una serie de delitos que hasta podría incluir el de traición a la Patria?
Conclusión
Nadie puede sorprenderse en estos tiempos de la enorme dilapidación que hubo y hay sobre los recursos naturales de la provincia de Santa Cruz. El Estado es un ente ausente en los controles y los personeros y lobbystas que las empresas usan de nexo para conectar buenos negocios y que en otras épocas se llamaban "cipayos", hoy suelen disfrazarse de "CEO", "Gerentes", "Presidentes" o "Apoderados", pero en general son personas funcionales a los intereses de las multinacionales que obran en virtud de las fuertes sumas de dólares que vuelcan esas empresas para lograr sus objetivos, mayores inclusive que los magros 4.7 millones de pesos que anualmente le reintegran las mineras al Estado provincial.
Cabe recordar al Diputado Aníbal Billoni que fundamentó sobradamente en la Cámara de Diputados la extensión del contrato petrolero por 30 años, luego que la empresa PAE reconoció ante el gobierno que no podría invertir lo prometido, el legislador sin ningún tipo de autocrítica dijo "me siento engañado" y allí parece haber terminado la responsabilidad de quien fue utilizado como herramienta final para hipotecar los recursos del subsuelo santacruceño.
Indudablemente si no existe el castigo social, el reclamo popular y el castigo en la justicia para aquellos que negocian espurios acuerdos detrás del interés de la gente, el saqueo seguirá vigente y esto solo podrá ser detenido cuando haya jueces probos e incorruptibles, Fiscales con audacia y entereza, una prensa libre y un pueblo con verdadero compromiso por el futuro de sus hijos.
Mientras ello no suceda las mineras seguirán pagándole al Estado provincial 4 millones de pesos por año y las petroleras dejando constancia en un papel sellado lo que dicen que se llevan de ganancia.
El Estado bobo no existe, lo hacen bobo para robarse el futuro de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)
miércoles, 11 de marzo de 2009
PEHUAJO TARTAGAL APORTE AL DEBATE NACIONAL
EL DESASTRE DE TARTAGAL.
Aporte al debate.
Queremos sumarnos a las voces, organizaciones y grupos que denuncian la evidente influencia de los desmontes, en el desastre de Tartagal.
Como se sabe, a raíz de la ausencia de una Ley marco que lo impida, el gobierno autorizó el desmonte de 800 mil hectáreas desde el 2007. Esta cifra, verdaderamente pavorosa de por sí, adquiere mayor significado cuando se la considera a la luz de las nuevas tecnologías utilizadas para realizar ese trabajo. El efecto depredatorio sobre el terreno que comportan la utilización de topadoras y maquinaria pesada, unida a la velocidad con que se realizan las tareas, multiplican el daño y no dan tiempo siquiera, para que la naturaleza instrumente sus mecanismos de defensa y compensación.
Durante las lluvias y aún sin ellas, el monte atesora agua que vuelca muy lentamente a la recomposición de napas, ríos subterráneos y acuíferos. El suelo esponjoso del monte, es el que permite el paso lento y el filtrado del agua, en tanto que las raíces de los árboles funcionan como vías de acceso al subsuelo. El desmonte, además de una forma de depredación, conlleva también el robo de agua, ya que el agua de lluvia acelera su tránsito, desalimentando el subsuelo además de que su escurrimiento a gran velocidad, provoca erosión, inundaciones, movimientos de suelo, fenómenos aluvionales y otras catástrofes, como las observadas el año pasado en Santa Fe y ahora Salta. Frente a ello y a las consecuencias que inevitablemente sobrevendrán, entendemos indispensable el reemplazo del actual modelo productivo depredatorio, por otro racional y sustentable, que responda a las necesidades de la población.
Un modelo productivo como el actual, que en el tema agrario obliga al desmonte y a la producción de commodities, es proveedor de más pobreza y desastres "naturales". Las inundaciones, sequías, el efecto invernadero, los cambios climáticos y la "pobreza estructural" no son flagelos espontáneos e inevitables, sino el lamentable accionar de un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos. Es desconcertante que luego de años de gobierno, se hable de la necesidad de "relocalizar familia lejos de los ríos" o se depositen responsabilidades en el "egoísmo de los que más tienen". ¿Conoce la presidenta y demás autoridades como es la cultura del ribereño y por qué están allí?
Y si dicen que no era evitable, ¿cómo aprueban la Ley de Bosques ahora, luego del desastre?
Hay responsables, no irresponsables de estos fenómenos. Desde la dictadura en adelante, de distinto modo y muchas veces con los mismos actores, ha continuado la consolidación de un modelo productivo que favorece a la clase dominante, a los mismos grupos económicos y sus aliados en el gobierno. Un modelo de expoliación vinculado a la extracción y exportación sin control de nuestros bienes naturales, agrarios 1, hidrocarburíferos 2 y minerales 3 . Como en los tiempos de la colonia se llevan todo, pero ahora utilizando tecnologías que además de producir desocupación y pobreza, generan la devastación y contaminación definitiva de nuestra tierra, agua y aire.
El desastre de Tartagal no es responsabilidad de la naturaleza. Como es posible observar en los registros televisivos y fotográficos, el propio alud de tierra y gran parte de los troncos que provocaron el desastre, no fueron arrancados de raíz, sino que habían sido cortados durante el proceso de desmonte. Esto convierte a los gobernadores y diputados provinciales, en los primeros responsables directos del desastre. Tampoco es posible eximir de responsabilidad, al gobierno nacional y sus socios sojeros, como es el caso del senador Urquía del Frente para la Victoria , uno de los posibles beneficiarios de esas exportaciones a través de su Aceitera General Deheza, una de las mayores del mundo e impulsor del modelo productivo que, en el caso agrario demanda cada vez menos mano de obra y mayores extensiones de suelo, desplazando al pequeño productor, favoreciendo la concentración y extranjerización de la tierra y el monocultivo. Un modelo productivo que envenena los suelos con herbicidas, favorece a las agroexportadoras, al sistema financiero y los bancos. Un modelo productivo que hipoteca el futuro de nuestros hijos y nietos, porque ni el veneno ni la depredación son reversibles.
Argentina está destruyendo aceleradamente su biodiversidad y sus bienes naturales al haberse volcado, por omisión y acción gubernamental, a la extracción y exportación de productos primarios, como son la soja, pasta de papel, hidrocarburos y minerales, importando venenos y cambios climáticos.
El fenómeno, que no es nuevo, ni privativo de una región y ni siquiera de unas pocas provincias -lo cual tampoco lo haría justificable- ha sido denunciado en Misiones por el Obispo Joaquín Piña quien reiteradamente manifestó que quería ser obispo de la gente, no de los pinos.. En esta provincia los montes y el arrasamiento de la diversidad ha dado paso al monocultivo de pinos y a la fabricación de pasta de papel dejando como consecuencia la contaminación, el desempleo y el desplazamiento de los pequeños productores. Una situación similar ha sido denunciada recientemente en La Quiaca por el Obispo Pedro Olmedo, en relación a la minería y la extracción de petróleo, en tanto que problemas parecidos se desarrollan en las provincias petroleras del Sur.
Un círculo vicioso que garantiza la pobreza del hoy y del mañana, que algunos llaman "estructural". En el marco del actual modelo productivo, aún la redistribución de la riqueza, sería funcional al hambre.
Juan Yahdjian, médico, miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social (FPCS), del Espacio Ecuménico y del Movimiento Social Misiones. juancitochachan@gmail.com
Liliana Marzano, hsap. Presidenta de Confar. Miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social y del Espacio Ecuménico.
Luis Brunati, Docente, miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social
Jorge Torreiro, Miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social y del Area política parroquia Santa Cruz.
Juan Carlos Di Marco. Miembro de la Mesa del Movimiento Social Misionero (MSM). (El Dorado. Misiones)
Julio C. Raffo. Abogado “ Docente UBA “ Asesor de la comisión de cultura del Congreso Nacional.
Beatriz Fernández. Responsable Área Política (Iglesia Sta. Cruz). Miembro del FPCS
Leonardo Pérez Esquivel. Sociólogo. Comisión de Asambleas Barriales por la Recuperación de las Privatizadas. FPCS.
Juan E. Ricci. Docente “ Ex Presidente del INAES. FPCS.
Adriana Barbieri, hmr. Secretaria de Confar. Miembro del FPCS.
Fernando Guzmán. Coordinador laico de Justicia, Paz e Integridad de la Creación “ Mis. Claretianos.
Rafael Atuati. Miembro de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación “ Mis. Claretianos. FPCS.
Adela María Helguera. Religiosa de la Asunción.
Aporte al debate.
Queremos sumarnos a las voces, organizaciones y grupos que denuncian la evidente influencia de los desmontes, en el desastre de Tartagal.
Como se sabe, a raíz de la ausencia de una Ley marco que lo impida, el gobierno autorizó el desmonte de 800 mil hectáreas desde el 2007. Esta cifra, verdaderamente pavorosa de por sí, adquiere mayor significado cuando se la considera a la luz de las nuevas tecnologías utilizadas para realizar ese trabajo. El efecto depredatorio sobre el terreno que comportan la utilización de topadoras y maquinaria pesada, unida a la velocidad con que se realizan las tareas, multiplican el daño y no dan tiempo siquiera, para que la naturaleza instrumente sus mecanismos de defensa y compensación.
Durante las lluvias y aún sin ellas, el monte atesora agua que vuelca muy lentamente a la recomposición de napas, ríos subterráneos y acuíferos. El suelo esponjoso del monte, es el que permite el paso lento y el filtrado del agua, en tanto que las raíces de los árboles funcionan como vías de acceso al subsuelo. El desmonte, además de una forma de depredación, conlleva también el robo de agua, ya que el agua de lluvia acelera su tránsito, desalimentando el subsuelo además de que su escurrimiento a gran velocidad, provoca erosión, inundaciones, movimientos de suelo, fenómenos aluvionales y otras catástrofes, como las observadas el año pasado en Santa Fe y ahora Salta. Frente a ello y a las consecuencias que inevitablemente sobrevendrán, entendemos indispensable el reemplazo del actual modelo productivo depredatorio, por otro racional y sustentable, que responda a las necesidades de la población.
Un modelo productivo como el actual, que en el tema agrario obliga al desmonte y a la producción de commodities, es proveedor de más pobreza y desastres "naturales". Las inundaciones, sequías, el efecto invernadero, los cambios climáticos y la "pobreza estructural" no son flagelos espontáneos e inevitables, sino el lamentable accionar de un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos. Es desconcertante que luego de años de gobierno, se hable de la necesidad de "relocalizar familia lejos de los ríos" o se depositen responsabilidades en el "egoísmo de los que más tienen". ¿Conoce la presidenta y demás autoridades como es la cultura del ribereño y por qué están allí?
Y si dicen que no era evitable, ¿cómo aprueban la Ley de Bosques ahora, luego del desastre?
Hay responsables, no irresponsables de estos fenómenos. Desde la dictadura en adelante, de distinto modo y muchas veces con los mismos actores, ha continuado la consolidación de un modelo productivo que favorece a la clase dominante, a los mismos grupos económicos y sus aliados en el gobierno. Un modelo de expoliación vinculado a la extracción y exportación sin control de nuestros bienes naturales, agrarios 1, hidrocarburíferos 2 y minerales 3 . Como en los tiempos de la colonia se llevan todo, pero ahora utilizando tecnologías que además de producir desocupación y pobreza, generan la devastación y contaminación definitiva de nuestra tierra, agua y aire.
El desastre de Tartagal no es responsabilidad de la naturaleza. Como es posible observar en los registros televisivos y fotográficos, el propio alud de tierra y gran parte de los troncos que provocaron el desastre, no fueron arrancados de raíz, sino que habían sido cortados durante el proceso de desmonte. Esto convierte a los gobernadores y diputados provinciales, en los primeros responsables directos del desastre. Tampoco es posible eximir de responsabilidad, al gobierno nacional y sus socios sojeros, como es el caso del senador Urquía del Frente para la Victoria , uno de los posibles beneficiarios de esas exportaciones a través de su Aceitera General Deheza, una de las mayores del mundo e impulsor del modelo productivo que, en el caso agrario demanda cada vez menos mano de obra y mayores extensiones de suelo, desplazando al pequeño productor, favoreciendo la concentración y extranjerización de la tierra y el monocultivo. Un modelo productivo que envenena los suelos con herbicidas, favorece a las agroexportadoras, al sistema financiero y los bancos. Un modelo productivo que hipoteca el futuro de nuestros hijos y nietos, porque ni el veneno ni la depredación son reversibles.
Argentina está destruyendo aceleradamente su biodiversidad y sus bienes naturales al haberse volcado, por omisión y acción gubernamental, a la extracción y exportación de productos primarios, como son la soja, pasta de papel, hidrocarburos y minerales, importando venenos y cambios climáticos.
El fenómeno, que no es nuevo, ni privativo de una región y ni siquiera de unas pocas provincias -lo cual tampoco lo haría justificable- ha sido denunciado en Misiones por el Obispo Joaquín Piña quien reiteradamente manifestó que quería ser obispo de la gente, no de los pinos.. En esta provincia los montes y el arrasamiento de la diversidad ha dado paso al monocultivo de pinos y a la fabricación de pasta de papel dejando como consecuencia la contaminación, el desempleo y el desplazamiento de los pequeños productores. Una situación similar ha sido denunciada recientemente en La Quiaca por el Obispo Pedro Olmedo, en relación a la minería y la extracción de petróleo, en tanto que problemas parecidos se desarrollan en las provincias petroleras del Sur.
Un círculo vicioso que garantiza la pobreza del hoy y del mañana, que algunos llaman "estructural". En el marco del actual modelo productivo, aún la redistribución de la riqueza, sería funcional al hambre.
Juan Yahdjian, médico, miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social (FPCS), del Espacio Ecuménico y del Movimiento Social Misiones. juancitochachan@gmail.com
Liliana Marzano, hsap. Presidenta de Confar. Miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social y del Espacio Ecuménico.
Luis Brunati, Docente, miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social
Jorge Torreiro, Miembro del Foro de Pensamiento y Construcción Social y del Area política parroquia Santa Cruz.
Juan Carlos Di Marco. Miembro de la Mesa del Movimiento Social Misionero (MSM). (El Dorado. Misiones)
Julio C. Raffo. Abogado “ Docente UBA “ Asesor de la comisión de cultura del Congreso Nacional.
Beatriz Fernández. Responsable Área Política (Iglesia Sta. Cruz). Miembro del FPCS
Leonardo Pérez Esquivel. Sociólogo. Comisión de Asambleas Barriales por la Recuperación de las Privatizadas. FPCS.
Juan E. Ricci. Docente “ Ex Presidente del INAES. FPCS.
Adriana Barbieri, hmr. Secretaria de Confar. Miembro del FPCS.
Fernando Guzmán. Coordinador laico de Justicia, Paz e Integridad de la Creación “ Mis. Claretianos.
Rafael Atuati. Miembro de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación “ Mis. Claretianos. FPCS.
Adela María Helguera. Religiosa de la Asunción.
martes, 10 de marzo de 2009
PEHUAJO AÑO 2009 HANSEN JORGE CONCEJAL COOPERATIVA ELECTRICA INTERVENCION
El interventor de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó se "mueve" para el Intendente.
Debiera hablar de la cooperativa "Eléctrica" y no propagandizar la obra publica de bacheo,cordón cuneta y pavimento con los dineros públicos. Solo le mimporta "el negocio" y no "lo eléctrico".Nada dice de la deficiencia de las redes, en el transporte en el distrito, de la falta de mantenimiento, de la falta de tensión en punta de linea en los pueblos, de la "inexistencia" de electrificación rural, de las "tarifas". Sigue cobrando los conceptos ajenos a la energía sin el expreso consentimiento que obliga la ley (igual que la gestión del ex presidente Jorge Martín) y que,además,se malversan porque no se usan para el destino para el cual fueron creados.A esto se le agrega el regresivo Decreto Provincial de $3 per capita "para obras" a parte de la cuota de capitalización, obras que ni se anuncian. ¿El mismo perro con distinto collar?Urgentemente debe aplicar la "Tarifa de Interés Social", la tienen al alcance de la mano. Esta la Ley 12.698 de Interés Social y la Ordenanza Municipal 23/01 al respecto, falta la voluntad de la Cooperativa, "sobran los humildes merecedores". Se debe crear la Comisión Evaluadora Distrital y no hacer tantos cálculos especulativos económicos.
TARIFA SOCIAL YA!!
Debiera hablar de la cooperativa "Eléctrica" y no propagandizar la obra publica de bacheo,cordón cuneta y pavimento con los dineros públicos. Solo le mimporta "el negocio" y no "lo eléctrico".Nada dice de la deficiencia de las redes, en el transporte en el distrito, de la falta de mantenimiento, de la falta de tensión en punta de linea en los pueblos, de la "inexistencia" de electrificación rural, de las "tarifas". Sigue cobrando los conceptos ajenos a la energía sin el expreso consentimiento que obliga la ley (igual que la gestión del ex presidente Jorge Martín) y que,además,se malversan porque no se usan para el destino para el cual fueron creados.A esto se le agrega el regresivo Decreto Provincial de $3 per capita "para obras" a parte de la cuota de capitalización, obras que ni se anuncian. ¿El mismo perro con distinto collar?Urgentemente debe aplicar la "Tarifa de Interés Social", la tienen al alcance de la mano. Esta la Ley 12.698 de Interés Social y la Ordenanza Municipal 23/01 al respecto, falta la voluntad de la Cooperativa, "sobran los humildes merecedores". Se debe crear la Comisión Evaluadora Distrital y no hacer tantos cálculos especulativos económicos.
TARIFA SOCIAL YA!!
PEHUAJO INGRESOS BRUTOS COBRO INCONSTITUCIONAL CIERRE COMERCIOS AFIP PROHIBICION
En Tucumán, la Corte falló contra el cobro de Ingresos Brutos
El tribunal dijo que es inconstitucional que la provincia exija el pago del tributo a las empresas dedicadas a la producción primaria, por considerar que va en contra del Pacto Federal para el Empleo, Producción y Crecimiento. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán falló contra el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos a la Compañía Azucarera Los Balcanes, tras haber desestimado una sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.Se determinó que es inconstitucional que la Provincia exija el pago del tribunto a empresas dedicadas a la producción primaria, por considerar que va en contra de lo establecido enm le Pacto Federal para el Empleo, Producción y Crecimiento.En 1994, el Poder Ejecutivo tucumano dictó el decreto 257/3, que fijaba las condiciones que debían cumplir los contribuyentes para gozar de la alícuota cero, régimen del que gozaba la Compañía Azucarera Los Balcanes.FUENTE: CIJ
lunes, 09 de marzo de 2009
La Justicia pone un nuevo freno a las clausuras de la AFIP
Un reciente fallo de la Cámara de Bahía Blanca puso un nuevo freno a las clausuras llevadas adelante por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Puntualmente, los magistrados consideraron que, ante infracciones por montos menores, el fisco no se encuentre habilitado a cerrar el comercio, ya que se trata de una sanción desproporcionada.De esta manera, la Justicia limita el accionar de los inspectores del fisco que, en algunas oportunidades, suele ser excesivo.Expertos consultados por Iprofesional.com sostienen que ante estas situaciones sólo debería ser aplicada la multa respectiva, para así no recargar los juzgados con causas intrascendentes. "Tales causas deberían ser solucionadas a nivel administrativo", aseguran los especialistas.La causa "Collazo, Marcela María, s/ Apela resol. AFIP-DGI", publicada por el Centro de Información Judicial, nace cuando el fisco -en medio de una inspección de rutina a un local de venta de ropa- decide clausurar el comercio por 3 días al detectar que se había realizado una venta de $20 sin emitir la factura correspondiente.Ante tal decisión, la contribuyente decidió recurrir a la Justicia que -en primera instancia- le dio la razón ya que se trataba de una venta a una clienta ocasional por un importe de $20. Por lo tanto, anuló la sanción de clausura.Conocida la sentencia, la AFIP apeló el fallo ante la Cámara sosteniendo que "la conducta de la infractora afectó el bien jurídico protegido, cual es la función de control y fiscalización del organismo estatal de recaudación, ya que, si no se documentan las operaciones, el fisco no puede conocerlas". Por lo tanto, la AFIP entiende que no corresponde otorgar la eximición de la clausura. Para fortalecer el argumento, el fisco nacional agrega que "la conducta de la contribuyente se encuadra claramente en lo contemplado en la Ley de Procedimiento Fiscal, que sanciona a quien no entregue o no emita factura o documento equivalente, por una o más operaciones comerciales".Respecto al caso bajo análisis, la AFIP sostiene que "el incumplimiento ha sido corroborado y se ha emitido el acta de infracción respectiva"."El bien jurídico tutelado es efectivamente el control por parte del Estado del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, aun cuando no existiese perjuicio a la renta fiscal, ya que la infracción es de carácter formal", agrega la defensa del fisco nacional.Luego de analizar los antecedentes, la Cámara de Bahía Blanca no dejó lugar a dudas: "Teniendo en consideración la actual crisis económica y la poca entidad de la factura omitida –venta de dos remeras musculosas por el valor de $20–, la sanción de clausura por 3 días resulta desproporcionada".Asimismo, el Tribunal agrega que "la infracción pudo haberse debido al cúmulo de clientes que desencadenó el error de la empleada"."Tal situación también debe ser tenida en cuenta para la eximición de la grave sanción de clausura", concluye la Cámara.Conocida la sentencia, desde el estudio Harteneck-Quian, Teresa Gómez & Asociados, Teresa Gómez, señaló que ante tales situaciones "el juez administrativo debió recurrir al artículo 49 de la Ley de Procedimiento Fiscal".La norma mencionada establece que ante las infracciones -que puedan ser sancionadas con multa y clausura- el juez administrativo puede otorgar la eximición parcial, limitándose a una de las sanciones previstas, conforme a la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción.Al tener tal solución a mano, Gómez cuestionó que "ante una venta omitida de $20 haya tenido que intervenir un juzgado de instrucción y tres camaristas"."Sería conveniente que el Gobierno instruya a sus funcionarios para que solucionen este tipo de infracciones, y así no distraer la atención de cuatro jueces federales", advirtió Gómez.A su vez, la tributarista señaló que "igual situación que se refleja en el colapso que se encuentra sufriendo los juzgado de ejecución fiscal que han pedido que se suspenda el ingreso de causas"."Solicitamos velocidad en la justicia pero el Gobierno ingresa causas que deberían ser solucionadas a nivel administrativo, mucho más cuando en periodos recesivos o con crisis económica igual se intenta imponer la clausura como reproche de conductas", concluyó Gómez.
Fuente: iprofesional.com
El tribunal dijo que es inconstitucional que la provincia exija el pago del tributo a las empresas dedicadas a la producción primaria, por considerar que va en contra del Pacto Federal para el Empleo, Producción y Crecimiento. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán falló contra el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos a la Compañía Azucarera Los Balcanes, tras haber desestimado una sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.Se determinó que es inconstitucional que la Provincia exija el pago del tribunto a empresas dedicadas a la producción primaria, por considerar que va en contra de lo establecido enm le Pacto Federal para el Empleo, Producción y Crecimiento.En 1994, el Poder Ejecutivo tucumano dictó el decreto 257/3, que fijaba las condiciones que debían cumplir los contribuyentes para gozar de la alícuota cero, régimen del que gozaba la Compañía Azucarera Los Balcanes.FUENTE: CIJ
lunes, 09 de marzo de 2009
La Justicia pone un nuevo freno a las clausuras de la AFIP
Un reciente fallo de la Cámara de Bahía Blanca puso un nuevo freno a las clausuras llevadas adelante por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Puntualmente, los magistrados consideraron que, ante infracciones por montos menores, el fisco no se encuentre habilitado a cerrar el comercio, ya que se trata de una sanción desproporcionada.De esta manera, la Justicia limita el accionar de los inspectores del fisco que, en algunas oportunidades, suele ser excesivo.Expertos consultados por Iprofesional.com sostienen que ante estas situaciones sólo debería ser aplicada la multa respectiva, para así no recargar los juzgados con causas intrascendentes. "Tales causas deberían ser solucionadas a nivel administrativo", aseguran los especialistas.La causa "Collazo, Marcela María, s/ Apela resol. AFIP-DGI", publicada por el Centro de Información Judicial, nace cuando el fisco -en medio de una inspección de rutina a un local de venta de ropa- decide clausurar el comercio por 3 días al detectar que se había realizado una venta de $20 sin emitir la factura correspondiente.Ante tal decisión, la contribuyente decidió recurrir a la Justicia que -en primera instancia- le dio la razón ya que se trataba de una venta a una clienta ocasional por un importe de $20. Por lo tanto, anuló la sanción de clausura.Conocida la sentencia, la AFIP apeló el fallo ante la Cámara sosteniendo que "la conducta de la infractora afectó el bien jurídico protegido, cual es la función de control y fiscalización del organismo estatal de recaudación, ya que, si no se documentan las operaciones, el fisco no puede conocerlas". Por lo tanto, la AFIP entiende que no corresponde otorgar la eximición de la clausura. Para fortalecer el argumento, el fisco nacional agrega que "la conducta de la contribuyente se encuadra claramente en lo contemplado en la Ley de Procedimiento Fiscal, que sanciona a quien no entregue o no emita factura o documento equivalente, por una o más operaciones comerciales".Respecto al caso bajo análisis, la AFIP sostiene que "el incumplimiento ha sido corroborado y se ha emitido el acta de infracción respectiva"."El bien jurídico tutelado es efectivamente el control por parte del Estado del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, aun cuando no existiese perjuicio a la renta fiscal, ya que la infracción es de carácter formal", agrega la defensa del fisco nacional.Luego de analizar los antecedentes, la Cámara de Bahía Blanca no dejó lugar a dudas: "Teniendo en consideración la actual crisis económica y la poca entidad de la factura omitida –venta de dos remeras musculosas por el valor de $20–, la sanción de clausura por 3 días resulta desproporcionada".Asimismo, el Tribunal agrega que "la infracción pudo haberse debido al cúmulo de clientes que desencadenó el error de la empleada"."Tal situación también debe ser tenida en cuenta para la eximición de la grave sanción de clausura", concluye la Cámara.Conocida la sentencia, desde el estudio Harteneck-Quian, Teresa Gómez & Asociados, Teresa Gómez, señaló que ante tales situaciones "el juez administrativo debió recurrir al artículo 49 de la Ley de Procedimiento Fiscal".La norma mencionada establece que ante las infracciones -que puedan ser sancionadas con multa y clausura- el juez administrativo puede otorgar la eximición parcial, limitándose a una de las sanciones previstas, conforme a la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción.Al tener tal solución a mano, Gómez cuestionó que "ante una venta omitida de $20 haya tenido que intervenir un juzgado de instrucción y tres camaristas"."Sería conveniente que el Gobierno instruya a sus funcionarios para que solucionen este tipo de infracciones, y así no distraer la atención de cuatro jueces federales", advirtió Gómez.A su vez, la tributarista señaló que "igual situación que se refleja en el colapso que se encuentra sufriendo los juzgado de ejecución fiscal que han pedido que se suspenda el ingreso de causas"."Solicitamos velocidad en la justicia pero el Gobierno ingresa causas que deberían ser solucionadas a nivel administrativo, mucho más cuando en periodos recesivos o con crisis económica igual se intenta imponer la clausura como reproche de conductas", concluyó Gómez.
Fuente: iprofesional.com
domingo, 8 de marzo de 2009
sábado, 7 de marzo de 2009
PEHUAJO DEUDA EXTERNA DUHALDE GOBIERNO NACIONAL
EDITORIAL PEHUAJO 08/03/2009
DEUDA EXTERNA
La primer medida Argentina es el no pago de la deuda externa
Argentinos
El mundo está ardiendo
¡ El mundo !
! Pehuajense toma nota no es joda ¡
KRISTINA JUGATE POR LA ARGENTINA NO PAGUES LA DEUDA EXTERNA
KRISTINA JUGATE POR LOS ARGENTINOS NO PAGUES LA DEUDA EXTERNA
KRISTINA JUGATE POR LA ARGENTINA MANDA LA TRUCHA DEUDA EXTERNA PARA QUE LA INVESTIGUE EL CONGRESO
KRISTINA ESTE AÑO 2009 NO PAGUES LOS U$S 20.000.000.000 VEINTE MIL MILLONES DE DOLARES DE DEUDA EXTERNA QUE NO DEBEMOS
KRISTINA JUGATE POR LA ARGENTINA LOS U$S 20.000.000.000 MILLONES DE DOLARES QUE NO DEBES PAGAR ENTREGASELO AL PUEBLO PARA REACTIVAR EL MERCADO INTERNO
KRISTINA DECIMOS ENTREGASELO AL PUEBLO (DESOCUPADOS, JUBILADOS, OBREROS, PROFESIONALES, ESTUDIANTES, PYMES, CHACAREROS, PEQUEÑOS EMPRESARIOS, ETC A LAS TASAS QUE SE PRESTAN EN ESTADOS UNIDOS HOY)
HASTA DUHALDE YA TE DIO EL OKEY
Ha dicho Duhalde: "Si el mundo está quebrando, pongamos en la masa de la quiebra la deuda externa y después se verá que pasa". Lo ha dicho en Radio Mitre el 24/2.
Textual de la nota de Duhalde:
Duhalde llama a rebelarse a pagar las deudas y pide cuidar las reservas
Criticó al Gobierno por querer pagarle al Club de París. El ex presidente remarcó: "Si el mundo se está quebrando, pongamos nuestra deuda en la masa de la quiebra" Y pidió cuidar los fondos del BCRA. 24.02.2009 11:45:00 RADIO MITRE
Eduardo Duhalde
El ex presidente Eduardo Duhalde sugirió hoy al Gobierno "cuidar las reservas" y "rebelarse" a pagar las deudas, entre ellas la contraída con el Club de París, al destacar que la crisis financiera mundial "es una cuenta que no le corresponde" a la Argentina."Esto no es tan sencillo, esta cuenta no es nuestra, tiene que rebelarse América Latina, como también Africa y Asia; no tenemos nada que ver en esto, no tenemos por qué ser perjudicados en esto", sostuvo.Consideró que el Gobierno "hace lo que puede" ante la crisis, pero opinó que "no hay un análisis profundo de lo que está pasando" y lo que se debe hacer para afrontarla.Por lo tanto, advirtió: "Si el mundo se está quebrando, pongamos nuestra deuda en la masa de la quiebra y se verá después qué pasa; lo que tenemos, tenemos que cuidarlo, cuidar lo que nos queda de nuestras reservas".En declaraciones a radio Mitre desde Italia, Duhalde estimó que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "hacen lo que pueden" frente a la crisis."Es muy difícil, no creo que se pueda hacer mucho más, tiene que pensar seriamente en lo que decía: esta cuenta no nos corresponde pagarla, esta crisis nace en Estados Unidos, nos perjudica a todos y ellos tienen la posibilidad de emitir dinero y de salvar a su gente, nosotros no tenemos esta oportunidad", evaluó.Recordó que "lamentablemente" durante el gobierno de Néstor Kirchner "los 9 mil millones (de dólares de deuda al FMI) se pagaron, (se anunció) entre vítores que parecía Fidel Castro bajando de Sierra Maestra cuando fue una estupidez"."Esto de querer pagar ahora al Club e París o esos gastos innecesarios, ponen de relieve que no hay en el Gobierno un análisis profundo de lo que está pasando y de lo que debemos hacer", advirtió.Argentina tiene una deuda con el Club de París de 6.700 millones de dólares, cuyo pago se anunció en setiembre de 2008 pero por ahora está cancelado.Duhalde asumió el gobierno con la deuda en default y en su administración se inició el canje de bonos en cesación de pagos.El ex presidente, que está ofreciendo disertaciones en universidades italianas, alertó sobre la crisis financiera mundial que "se van atravesar enormes calamidades en el campo social si creen que resolver este problema es manejar los temas financieros y los temas de ordenar los sistemas y de controlar las finanzas"."Es mucho más lo que hay que hacer", consideró, tras lo cual dijo prever "unas convulsiones sociales que serán muy difíciles de manejar, sobre todo en Occidente
lunes, 2 de marzo de 2009
PEHUAJO FELIPE SOLA LO QUE NADIE CUENTA
Editorial
LO QUE NADIE CUENTA DE FELIPE SOLÁ SU RESPONSABILIDAD EN LA ACTUAL CRISIS MARÍTIMA
Análisis de Gestión: Control Constitucional Los informes de la Auditoría General de la Nación, organismo de rango constitucional, nos permite conocer la actuación de las autoridades de la República frente a los discursos actuales que reivindican administraciones pasadas. Estos informes muestran a los responsables de la situación presente de nuestro caladero nacional. Recordemos que en nuestro país una de las especies que concentra el mayor porcentaje de capturas —merlusa hubbsi— se encuentra en emergencia nacional. La emergencia fue ordenada por la ley 25.109 del año 1999 debido a que hubo una sobrepesca que en 1998 fue de un 39% sobre el máximo permisible, para luego ser nuevamente rebasada en un 185%. La AGN realiza sus auditorías “para evitar los excesos en la explotación del recurso pesquero y asegurar su explotación sustentable para las generaciones futuras” y en “Informes sobre Pesca 2008”, alerta: “la situación actual de la merluza hubbsi continúa siendo preocupante”. Otra especie auditada en el mencionado informe, es el calamar calamar illex que junto a la merluza hubbsi constituyen el principal sustento del sector y advierte que “no se cuenta con planes de manejo a largo plazo para estas dos especies” y a pesar de las observaciones y recomendaciones que oportunamente realizara para “fomentar el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos y promocionar la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados”, obligación de las autoridades según la Ley Federal de Pesca. Ergo, el caladero nacional continúa en situación de crisis.La ilegalidad de la sobrepesca Uno de los tres puertos que concentra la pesca marítima de nuestro país es el de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires y en este puerto bonaerense converge un proceso depredatorio extremo al amparo de las autoridades. La cronología del daño provocado a nuestras riquezas pesqueras, tiene entre sus protagonistas al Ing. Felipe Solá que ya desde 1989 decidía sobre la pesquería como Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, cargo que ocupara hasta 1991, para retomar la misma función en el período 1993-1998. Ya en 1991 la provincia de Buenos Aires participaba con el 60% de las capturas totales y la mortalidad de peces ese año fue superior en 25% al promedio de los años anteriores. El nivel de biomasa para ese mismo año mermó y tuvo los índices más bajos desde el período 1983-1990. La sobrepesca era ya un gravísimo problema durante la primera incursión de Felipe en el sector. En 1995, el informe del Proyecto "Observadores a Bordo" del INIDEP, constató un elevado nivel de descarte por exceso de materia prima a bordo. También verificó una diferencia del 61,9% entre la información recogida a bordo y el parte de pesca; la diferencia constituye el descarte. El ingeniero sabía que se tiraban al mar 50 toneladas diarias de pescado fresco. En 1996 la especie merluza hubbsi representó el 81% de las capturas de la flota fresquera. Las capturas totales crecieron un 45%. La pesca del calamar illex aumentó más de 6 veces en relación con el año 1991. Las exportaciones alcanzaron los 1.013 millones de dólares (11,6% más que el año anterior). En volumen, las exportaciones totales ascendieron a 671.700 toneladas (15% más que el año anterior); calamares por valor de 364 millones de USD (en 1991, se habían exportado 24 millones de USD) y merluza por 265 millones de USD. Cifras millonarias, cajas millonarias. Las capturas totales ascendieron a 1.225.958 toneladas. Se capturó un 48% más que la captura máxima permisible. En 1997 se alcanzó el pico máximo anual —y también el mensual— de pesca de merluza cuando tras un nivel de capturas mensuales ubicadas por encima de las 40.000 toneladas se pasó a 65.000 toneladas en diciembre de dicho año, para un total anual de 585 mil toneladas. Para coronar su gestión el año 1998 se redujo la biomasa a niveles críticos, y como gobernador siguió gestionando el sector como máximo responsable de la administración bonaerense. ¿Cómo se logra que impunemente se llegue a semejante situación de depredación? Ya en 1995 se constata que los buques pescan con permisos triangulados en abierta violación a las leyes 24.315 y 24.922; los buques cedentes, siguen pescando sin haber sido dados de baja como estaba previsto. Casi todos los barcos pescan merluza, aún con permisos para otras especies. Se verifican maniobras de transferencia de permisos de pesca de buques de menor porte a otros, más grandes. Buques congeladores aparecen convertidos en fresqueros. Todos con permisos firmados por la autoridad competente en la materia, la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el 2000, un informe de la UBA solicitado por el Consejo Federal Pesquero a la UBA, denuncia irregularidades en los permisos de captura, y queda comprometida la administración Solá. El informe original fue destruido deliberadamente e ignorado por las mismas autoridades pesqueras que lo habían solicitado. En 2003, la Procuración del Tesoro de la Nación emitió el Dictamen 163/03, estableciendo la nulidad varias de las resoluciones que otorgaban estos permisos ilegales. Sobre la ilegalidad de los permisos de Felipe también se expidieron la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y el Ministerio de Economía de la Nación. Las prebendas para la pesca ilegal también favorecieron a buques extranjeros. La mencionada Ley 24.315 de 1994 que aprueba un acuerdo sobre las Relaciones en Materia de Pesca Marítima con la Comunidad Económica Europea para “promover la conservación y la explotación racional de las poblaciones de peces sobre una base sostenible, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”. El acuerdo tendría validez de cinco años a partir de su entrada en vigor y continuaría vigente por períodos adicionales de dos años, salvo denuncia por escrito de una de las Partes y permitió a la Comunidad, en el marco de su política de reestructuración de la flota, facilitar la incorporación de buques comunitarios a empresas constituidas o que se constituyeran en Argentina. A este fin, la Argentina en el marco de su política de renovación tecnológica en materia pesquera, facilitaría la transferencia de los permisos de pesca vigentes y expediría los nuevos permisos que correspondieran en virtud del acuerdo. La condición era la captura especies excedentarias, prohibiendo la pesca de merluza y langostino. Parte de la flota europea que ingresó a nuestras aguas, se encontraba inactiva en España por ser altamente depredatoria. Y ante la falta de controles de las autoridades que no sólo otorgaban permisos triangulados, estando pendiente las nulidades mencionadas en el párrafo anterior, se permitió a estos buques capturas de merluza hubbsi aún ante la denuncia de la AGN en sus informes. En mayo de 1999 la Argentina denuncia el acuerdo y cesa la vigencia del mismo. En junio del mismo año se decreta la emergencia pesquera nacional, mentada por quienes son garantes de la conservación de nuestros recursos por mandato legal. Mientras, desde la Subsecretaría de Solá se anunciaban los récords de capturas, los trabajadores de la pesca sufrían una fuerte pérdida en sus ingresos, ya que los viajes aumentaban su duración para llegar a puerto con la misma cantidad de carga, y los tripulantes cobran en proporción a la captura. Y Felipe llegó aún más lejos: emitió una Resolución, amparado en el Decreto 817/92, autorizando a personal extranjero para ocupar puestos de trabajo en buques nacionales, solucionando el problema de desocupación de las tripulaciones europeas. La Ley Federal de Pesca ordenaría esta situación al disponer que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina y habiendo tripulantes argentinos en disponibilidad, la tripulación debe ser completada con ellos.Democracia y control Siguiendo con el informe citado de la AGN sobre el sector: “Las falencias detectadas en el control y fiscalización de la operatoria pesquera atentan contra la sustentabilidad del recurso y vacían de contenido la legislación vigente”. Depredación e ilegalidad, pasado y presente de los responsables del sector pesquero. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar y leer en los medios la perorata de Solá en su campaña para perpetuarse en el poder, seguro de su impunidad, ocultando cuidadosamente su actuación en un sector despojado tal como lo muestran los informes técnicos que sí cumplen con el mandato legal de auditar el cumplimiento del paso de quienes no temen ser juzgados ya que gozan del resguardo que les brinda la complicidad de quienes comparten su posición de privilegio, usufructuando un mandato democrático por sus propios intereses, a espaldas de ciudadanos empobrecidos, desbastados en alimentación, educación, salud, seguridad, trabajo, bienestar. Al igual que los poderosos genocidas de ayer, al finalizar sus mandatos, serán juzgados quienes por su política aplicada generan de hambre y genocidio. Roberto Maturana Oficial de Marina Mercante-Investigador
LO QUE NADIE CUENTA DE FELIPE SOLÁ SU RESPONSABILIDAD EN LA ACTUAL CRISIS MARÍTIMA
Análisis de Gestión: Control Constitucional Los informes de la Auditoría General de la Nación, organismo de rango constitucional, nos permite conocer la actuación de las autoridades de la República frente a los discursos actuales que reivindican administraciones pasadas. Estos informes muestran a los responsables de la situación presente de nuestro caladero nacional. Recordemos que en nuestro país una de las especies que concentra el mayor porcentaje de capturas —merlusa hubbsi— se encuentra en emergencia nacional. La emergencia fue ordenada por la ley 25.109 del año 1999 debido a que hubo una sobrepesca que en 1998 fue de un 39% sobre el máximo permisible, para luego ser nuevamente rebasada en un 185%. La AGN realiza sus auditorías “para evitar los excesos en la explotación del recurso pesquero y asegurar su explotación sustentable para las generaciones futuras” y en “Informes sobre Pesca 2008”, alerta: “la situación actual de la merluza hubbsi continúa siendo preocupante”. Otra especie auditada en el mencionado informe, es el calamar calamar illex que junto a la merluza hubbsi constituyen el principal sustento del sector y advierte que “no se cuenta con planes de manejo a largo plazo para estas dos especies” y a pesar de las observaciones y recomendaciones que oportunamente realizara para “fomentar el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos y promocionar la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados”, obligación de las autoridades según la Ley Federal de Pesca. Ergo, el caladero nacional continúa en situación de crisis.La ilegalidad de la sobrepesca Uno de los tres puertos que concentra la pesca marítima de nuestro país es el de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires y en este puerto bonaerense converge un proceso depredatorio extremo al amparo de las autoridades. La cronología del daño provocado a nuestras riquezas pesqueras, tiene entre sus protagonistas al Ing. Felipe Solá que ya desde 1989 decidía sobre la pesquería como Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, cargo que ocupara hasta 1991, para retomar la misma función en el período 1993-1998. Ya en 1991 la provincia de Buenos Aires participaba con el 60% de las capturas totales y la mortalidad de peces ese año fue superior en 25% al promedio de los años anteriores. El nivel de biomasa para ese mismo año mermó y tuvo los índices más bajos desde el período 1983-1990. La sobrepesca era ya un gravísimo problema durante la primera incursión de Felipe en el sector. En 1995, el informe del Proyecto "Observadores a Bordo" del INIDEP, constató un elevado nivel de descarte por exceso de materia prima a bordo. También verificó una diferencia del 61,9% entre la información recogida a bordo y el parte de pesca; la diferencia constituye el descarte. El ingeniero sabía que se tiraban al mar 50 toneladas diarias de pescado fresco. En 1996 la especie merluza hubbsi representó el 81% de las capturas de la flota fresquera. Las capturas totales crecieron un 45%. La pesca del calamar illex aumentó más de 6 veces en relación con el año 1991. Las exportaciones alcanzaron los 1.013 millones de dólares (11,6% más que el año anterior). En volumen, las exportaciones totales ascendieron a 671.700 toneladas (15% más que el año anterior); calamares por valor de 364 millones de USD (en 1991, se habían exportado 24 millones de USD) y merluza por 265 millones de USD. Cifras millonarias, cajas millonarias. Las capturas totales ascendieron a 1.225.958 toneladas. Se capturó un 48% más que la captura máxima permisible. En 1997 se alcanzó el pico máximo anual —y también el mensual— de pesca de merluza cuando tras un nivel de capturas mensuales ubicadas por encima de las 40.000 toneladas se pasó a 65.000 toneladas en diciembre de dicho año, para un total anual de 585 mil toneladas. Para coronar su gestión el año 1998 se redujo la biomasa a niveles críticos, y como gobernador siguió gestionando el sector como máximo responsable de la administración bonaerense. ¿Cómo se logra que impunemente se llegue a semejante situación de depredación? Ya en 1995 se constata que los buques pescan con permisos triangulados en abierta violación a las leyes 24.315 y 24.922; los buques cedentes, siguen pescando sin haber sido dados de baja como estaba previsto. Casi todos los barcos pescan merluza, aún con permisos para otras especies. Se verifican maniobras de transferencia de permisos de pesca de buques de menor porte a otros, más grandes. Buques congeladores aparecen convertidos en fresqueros. Todos con permisos firmados por la autoridad competente en la materia, la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el 2000, un informe de la UBA solicitado por el Consejo Federal Pesquero a la UBA, denuncia irregularidades en los permisos de captura, y queda comprometida la administración Solá. El informe original fue destruido deliberadamente e ignorado por las mismas autoridades pesqueras que lo habían solicitado. En 2003, la Procuración del Tesoro de la Nación emitió el Dictamen 163/03, estableciendo la nulidad varias de las resoluciones que otorgaban estos permisos ilegales. Sobre la ilegalidad de los permisos de Felipe también se expidieron la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y el Ministerio de Economía de la Nación. Las prebendas para la pesca ilegal también favorecieron a buques extranjeros. La mencionada Ley 24.315 de 1994 que aprueba un acuerdo sobre las Relaciones en Materia de Pesca Marítima con la Comunidad Económica Europea para “promover la conservación y la explotación racional de las poblaciones de peces sobre una base sostenible, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”. El acuerdo tendría validez de cinco años a partir de su entrada en vigor y continuaría vigente por períodos adicionales de dos años, salvo denuncia por escrito de una de las Partes y permitió a la Comunidad, en el marco de su política de reestructuración de la flota, facilitar la incorporación de buques comunitarios a empresas constituidas o que se constituyeran en Argentina. A este fin, la Argentina en el marco de su política de renovación tecnológica en materia pesquera, facilitaría la transferencia de los permisos de pesca vigentes y expediría los nuevos permisos que correspondieran en virtud del acuerdo. La condición era la captura especies excedentarias, prohibiendo la pesca de merluza y langostino. Parte de la flota europea que ingresó a nuestras aguas, se encontraba inactiva en España por ser altamente depredatoria. Y ante la falta de controles de las autoridades que no sólo otorgaban permisos triangulados, estando pendiente las nulidades mencionadas en el párrafo anterior, se permitió a estos buques capturas de merluza hubbsi aún ante la denuncia de la AGN en sus informes. En mayo de 1999 la Argentina denuncia el acuerdo y cesa la vigencia del mismo. En junio del mismo año se decreta la emergencia pesquera nacional, mentada por quienes son garantes de la conservación de nuestros recursos por mandato legal. Mientras, desde la Subsecretaría de Solá se anunciaban los récords de capturas, los trabajadores de la pesca sufrían una fuerte pérdida en sus ingresos, ya que los viajes aumentaban su duración para llegar a puerto con la misma cantidad de carga, y los tripulantes cobran en proporción a la captura. Y Felipe llegó aún más lejos: emitió una Resolución, amparado en el Decreto 817/92, autorizando a personal extranjero para ocupar puestos de trabajo en buques nacionales, solucionando el problema de desocupación de las tripulaciones europeas. La Ley Federal de Pesca ordenaría esta situación al disponer que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina y habiendo tripulantes argentinos en disponibilidad, la tripulación debe ser completada con ellos.Democracia y control Siguiendo con el informe citado de la AGN sobre el sector: “Las falencias detectadas en el control y fiscalización de la operatoria pesquera atentan contra la sustentabilidad del recurso y vacían de contenido la legislación vigente”. Depredación e ilegalidad, pasado y presente de los responsables del sector pesquero. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar y leer en los medios la perorata de Solá en su campaña para perpetuarse en el poder, seguro de su impunidad, ocultando cuidadosamente su actuación en un sector despojado tal como lo muestran los informes técnicos que sí cumplen con el mandato legal de auditar el cumplimiento del paso de quienes no temen ser juzgados ya que gozan del resguardo que les brinda la complicidad de quienes comparten su posición de privilegio, usufructuando un mandato democrático por sus propios intereses, a espaldas de ciudadanos empobrecidos, desbastados en alimentación, educación, salud, seguridad, trabajo, bienestar. Al igual que los poderosos genocidas de ayer, al finalizar sus mandatos, serán juzgados quienes por su política aplicada generan de hambre y genocidio. Roberto Maturana Oficial de Marina Mercante-Investigador
PEHUAJO GREENPEACE TARTAGAL NOEMI CRUZ INFORME
GreenpeacePALABRAS DESDE TARTAGAL
Noemí Cruz, Coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace en el Noroeste Argentino, comparte su testimonio de lo que vio y sintió en su visita a Tartagal, después del alud.
Mi primera impresión en la cima de una palizada fue de desazón. Desde allí se ve al río herido por tanta maquinaria que orada en su base, los árboles arrastrados que ya son residuo muerto.
La gente, que quedó con lo puesto, palea el barro de las casas, el sol levanta un vapor pestilente. Hay mosquitos hambrientos, animales muertos aún tirados y gente desaparecida.
Allí anduve en los pozos dejados por el alud. Poco después me indicaron retirarme de la zona por el riesgo de explosivos provenientes de las empresas petroleras que fueron arrastrados por el alud. Ya habían desactivado algunos encontrados y decían que hasta un celular podría detonarlos. Además, con mis pies descalzos, como los del resto, estaban expuestos a las víboras.
Nuestro objetivo era mostrar cómo la deforestación de las cabeceras ha agravado el aporte de material del alud. La tala ilegal y los "descabezamientos" de cerros hechos por las petroleras, son grandes responsables del desequilibrio del río. La falta de controles ambientales, la planificación urbana inadecuada y el ordenamiento de bosques deficiente que postula la provincia, posibilita que un evento como este se repita cada tanto.
Tartagal…
A los catorce años, yo conocí a los Chané y sus hermosas máscaras, cerca de la ruta 86, los admiré andando a pie en las sendas de brasa, y los vi cuando sobre una cuesta, ellos se fueron al atardecer, llevando grandes hojas de tártago a modo de sombrillas sombreando sus rostros redondos.
Esta vez ya no los vi. Ese lugar es una extensión alfombrada de soja, y desde allá se puede ver el silencioso horizonte. La cuesta es un barranco que avanza cada año llevándose la escasa tierra empobrecida que les queda a los wichi de Misión San Benito.
A los pocos y raquíticos tártagos de la orilla, y a quienes pasen por ahí, los fumigan para que no molesten la soja.
El agua contaminada que escurre por falta de raíces que la dirija, llevada por canales, va a parar a la comunidad San Benito, que está justo al lado del desmonte, que antes era pródigo monte que les daba alimento.
Para llegar a sus casitas de plástico, que antes eran de paja que ya no crece, debimos cruzar un portón con candado, del cual el cacique tiene llave. Un tal Estrela cerró el campo de soja con los wichi dentro.
Una vez allá, a sólo 7 Km. de la ciudad de Tartagal, tratamos de documentar pruebas sobre la afectación de los desmontes para la audiencia de la Corte Suprema de Justicia, que se hizo en Buenos Aires.
Allá llegué, en representación de Greenpeace, acompañando a Reynaldo, cacique de Misión San Benito. Monitoreamos y documentamos el avance de la erosión y la remoción del suelo por falta de cobertura vegetal en la cuenca del río Tartagal. Casi 5.000 ha de soja cubren esta zona, son desmontes sin cortinas, hechos por Juan Estrela y al lado los de Juan Kutulas.
Mientras andamos por el campo, un avión pasa fumigando encima nuestro, más tarde se nos fumiga también por vía terrestre. A ellos no les importa que los wichi vivan allí al lado, lo que si importa es que la soja crezca sana.
Me siento impotente de solo ser yo. Sin embargo, siento que ellos saben que a nosotros nos importa su penuria. Estamos a su lado para intentar cambiarla. Pienso entonces en "nosotros". Tal es el calor que hasta el mismo sol resopla, me da en la cara para despertarme y sé claramente que no soy solo yo.
Entonces… vuestros alientos están allí, y mis pies son más firmes en el barranco.
Noemí
Mi primera impresión en la cima de una palizada fue de desazón. Desde allí se ve al río herido por tanta maquinaria que orada en su base, los árboles arrastrados que ya son residuo muerto.
La gente, que quedó con lo puesto, palea el barro de las casas, el sol levanta un vapor pestilente. Hay mosquitos hambrientos, animales muertos aún tirados y gente desaparecida.
Allí anduve en los pozos dejados por el alud. Poco después me indicaron retirarme de la zona por el riesgo de explosivos provenientes de las empresas petroleras que fueron arrastrados por el alud. Ya habían desactivado algunos encontrados y decían que hasta un celular podría detonarlos. Además, con mis pies descalzos, como los del resto, estaban expuestos a las víboras.
Nuestro objetivo era mostrar cómo la deforestación de las cabeceras ha agravado el aporte de material del alud. La tala ilegal y los "descabezamientos" de cerros hechos por las petroleras, son grandes responsables del desequilibrio del río. La falta de controles ambientales, la planificación urbana inadecuada y el ordenamiento de bosques deficiente que postula la provincia, posibilita que un evento como este se repita cada tanto.
Tartagal…
A los catorce años, yo conocí a los Chané y sus hermosas máscaras, cerca de la ruta 86, los admiré andando a pie en las sendas de brasa, y los vi cuando sobre una cuesta, ellos se fueron al atardecer, llevando grandes hojas de tártago a modo de sombrillas sombreando sus rostros redondos.
Esta vez ya no los vi. Ese lugar es una extensión alfombrada de soja, y desde allá se puede ver el silencioso horizonte. La cuesta es un barranco que avanza cada año llevándose la escasa tierra empobrecida que les queda a los wichi de Misión San Benito.
A los pocos y raquíticos tártagos de la orilla, y a quienes pasen por ahí, los fumigan para que no molesten la soja.
El agua contaminada que escurre por falta de raíces que la dirija, llevada por canales, va a parar a la comunidad San Benito, que está justo al lado del desmonte, que antes era pródigo monte que les daba alimento.
Para llegar a sus casitas de plástico, que antes eran de paja que ya no crece, debimos cruzar un portón con candado, del cual el cacique tiene llave. Un tal Estrela cerró el campo de soja con los wichi dentro.
Una vez allá, a sólo 7 Km. de la ciudad de Tartagal, tratamos de documentar pruebas sobre la afectación de los desmontes para la audiencia de la Corte Suprema de Justicia, que se hizo en Buenos Aires.
Allá llegué, en representación de Greenpeace, acompañando a Reynaldo, cacique de Misión San Benito. Monitoreamos y documentamos el avance de la erosión y la remoción del suelo por falta de cobertura vegetal en la cuenca del río Tartagal. Casi 5.000 ha de soja cubren esta zona, son desmontes sin cortinas, hechos por Juan Estrela y al lado los de Juan Kutulas.
Mientras andamos por el campo, un avión pasa fumigando encima nuestro, más tarde se nos fumiga también por vía terrestre. A ellos no les importa que los wichi vivan allí al lado, lo que si importa es que la soja crezca sana.
Me siento impotente de solo ser yo. Sin embargo, siento que ellos saben que a nosotros nos importa su penuria. Estamos a su lado para intentar cambiarla. Pienso entonces en "nosotros". Tal es el calor que hasta el mismo sol resopla, me da en la cara para despertarme y sé claramente que no soy solo yo.
Entonces… vuestros alientos están allí, y mis pies son más firmes en el barranco.
Noemí
domingo, 1 de marzo de 2009
PEHUAJO DEUDA EXTERNA CONSECUENCIAS EN PEHUAJO AÑO 1995 REVISTA EXPRESO
SOLICITADA Y ANALISIS DE MARIO RUBEN RODRIGUEZ
AÑOS 1991 y 1995
DESTRUCCION DEL APARATO PRODUCTIVO PEHUAJENSE REVISTA EXPRESO
COMENTARIOS PARA DESARROLLAR
DEUDA EXTERNA
Sigo en la línea de escribir un poquito sobre argentinos que por patriotas fueron condenados al ostracismo y la soledad. Como lo hice con Scalabrini Ortiz y con Saldías, ahora voy a hablar de otro “culpable” de querer al país: Alejandro Olmos.
Alejandro Olmos
Alejandro Olmos
Nobleza obliga, debo admitir que hasta hace un tiempo para mí era alguien que hacía un juicio a la Deuda. No mucho más que eso. Hace relativamente poco empecé a descubrir la titánica tarea de este hombre que durante 18 años se dedicó a llevar al banquillo de los acusados a los responsables de la Deuda Externa argentina, en la más absoluta soledad y en medio del silencio de los grandes medios. Se vuelve a comprobar que los patriotas no tienen rating, y que el ensañamiento con estos hombres no es cosa del pasado, sigue pasando hoy en día.
El 4 de Abril de 1982, en plena euforia por la recuperación de las malvinas, presenta una querella contra Martínez de Hoz y otros funcionarios por la Deuda Externa, porque considera que había sido contraída de manera ilegal. Por 18 años, Olmos trabaja solitariamente, arriesgando dinero y salud. La causa reúne 30 cuerpos principales de expedientes y más de 500 anexos. Más de 50 peritos trabajan en la investigación. Se presentan más de 40 testigos e igual cantidad de declaraciones informativas. El juez Jorge Ballesteros detecta más de 470 operaciones económicas y financieras ilegítimas.
Ante el tremendo silencio que acompañaba a su causa, en 1990 escribie el libro La deuda externa: todo lo que usted quiso saber y siempre se lo ocultaron, para promoverla ante la sociedad. Ahí si tiene éxito y su libro se agota varias veces. Y los medios siguen sin decir ni mu.
El 13 de julio de 2000, meses después de la muerte de Olmos, el juez Ballesteros dictamina, en un fallo sin precedentes en la historia mundial, que la deuda externa de la Nación “ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país…”. El fallo declara la deuda como “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”.
Lamentablemente el fallo judicial no tiene consecuencias prácticas: la deuda se pagó y se sigue pagando, y los responsables caminan por las calles lo más campantes. A lo mejor si los medios le hubieran dado una mano a este hombre, su causa sería un poco más fuerte, y Joe y Mingo (por nombrar a los más representativos) se hubieran pegado un flor de susto y quizas pasaban alguna temporada tras las rejas. Está claro, los grandes aparatos de difusión jamás van a operar en contra de sus propios intereses, que son que veamos a diez vagos encerrados en una casa o estemos atentos al concurso de baile semanal.
El libro de Olmos
Para finalizar copio parte del prólogo de Norberto Galasso para la cuarta edición del libro de Olmos.
El 4 de Abril de 1982, en plena euforia por la recuperación de las malvinas, presenta una querella contra Martínez de Hoz y otros funcionarios por la Deuda Externa, porque considera que había sido contraída de manera ilegal. Por 18 años, Olmos trabaja solitariamente, arriesgando dinero y salud. La causa reúne 30 cuerpos principales de expedientes y más de 500 anexos. Más de 50 peritos trabajan en la investigación. Se presentan más de 40 testigos e igual cantidad de declaraciones informativas. El juez Jorge Ballesteros detecta más de 470 operaciones económicas y financieras ilegítimas.
Ante el tremendo silencio que acompañaba a su causa, en 1990 escribie el libro La deuda externa: todo lo que usted quiso saber y siempre se lo ocultaron, para promoverla ante la sociedad. Ahí si tiene éxito y su libro se agota varias veces. Y los medios siguen sin decir ni mu.
El 13 de julio de 2000, meses después de la muerte de Olmos, el juez Ballesteros dictamina, en un fallo sin precedentes en la historia mundial, que la deuda externa de la Nación “ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país…”. El fallo declara la deuda como “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”.
Lamentablemente el fallo judicial no tiene consecuencias prácticas: la deuda se pagó y se sigue pagando, y los responsables caminan por las calles lo más campantes. A lo mejor si los medios le hubieran dado una mano a este hombre, su causa sería un poco más fuerte, y Joe y Mingo (por nombrar a los más representativos) se hubieran pegado un flor de susto y quizas pasaban alguna temporada tras las rejas. Está claro, los grandes aparatos de difusión jamás van a operar en contra de sus propios intereses, que son que veamos a diez vagos encerrados en una casa o estemos atentos al concurso de baile semanal.
El libro de Olmos
Para finalizar copio parte del prólogo de Norberto Galasso para la cuarta edición del libro de Olmos.
Él sabía que cuando se opta por la causa del pueblo, “los medios” arman en derredor el círculo del silencio. Pero no le interesaba. Estaba acostumbrado al anonimato, como así también a la persecución, a la clausura de sus periódicos y a la estrechez económica. Sin embargo, como cualquier ser humano, necesitaba, de vez en cuando, algún reconocimiento, alguna caricia del alma para retemplar las fuerzas. Vale la anécdota, una de las pocas que puedo ofrecer al lector: en un libro escrito en 1969, hice una referencia elogiosa –apenas tres líneas- a varios luchadores, entre ellos Olmos, que en 1955 salieron “a la resistencia” con sus periódicos, frente a la dictadura militar y allí sostuve que eran los “que siempre entraban en las listas de pelea y nunca en las de cobranza”. Muchos años después, en 1983, cuando lo conocí personalmente, me estrechó la mano con mucho afecto y me dijo: -Gracias, muchas gracias por esas palabras suyas de reconocimiento.Quizás a algún joven lector –que todavía no ha experimentado de qué manera funciona la maquinaria de difusión controlada por la clase dominante– esta anécdota le resulte un tanto cursi o la encuentre exagerada. En ese caso, lo convido a hacer la siguiente prueba, partiendo de que sabemos que la Argentina es el único país del mundo donde la cuestión de la deuda externa fue llevada a la Justicia, precisamente a través de la acción de Alejandro Olmos. Ahora, búsquelo en el Diccionario de los Argentinos, Hombres y Mujeres del Siglo XX, editado por el diario Página/12. Revise: Olmedo Alberto, Olmos Sabina, Omar Nelly… No aparece. Ahora, vaya a la Enciclopedia Visual de la Argentina, editada por Clarín, 3er tomo: Olivos Rugby Club, Olla podrida, Ollantay, Olmedo Alberto, Olmos Sabina, Olta, Olympikus de Azul Club, Omahuaca, Omar Nelly, Ombú… Tampoco. Es decir, Olmos Alejandro no existe. Impulsó el juicio sobre la deuda externa, lo mantuvo activo durante 18 años, creó el Foro Nacional de la Deuda Externa, concurrió a reuniones internacionales sobre la cuestión del endeudamiento y allí lo reconocieron porque forzaba a la Justicia Argentina a realizar peritajes, audiencias, citaciones, etc., pero no existe para “los medios”, ni seguramente su lucha merece la atención de los Académicos, ocupados en cuestiones mucho más importantes.
Algunas perlitas de la Deuda Externa Argentina:
Walter Klein fue funcionario de Económía entre 1976 y 1981 y era representante de un banco sueco en la Argentina. Cuando se fue de la función pública, al mes y medio, representaba a 22 bancos extranjeros, todos acreedores de la Argentina.
Alfredo Calcagno estableció que en el 89 la deuda estaba cancelada. Todo lo que se pagó desde entonces es excedente. En 1993, el stock de deuda externa era de 63.000 millones. Del 93 al 2004 pagamos 140.000 millones y en el 2004 debíamos 191.264 millones de dólares.
En 1995, Domingo Cavallo manifestó que la República Argentina paga la Deuda Externa ante simple aviso de vencimiento y sin verificar en ningún caso si las cifras reclamadas eran exactas. Como se dio cuenta que no podía ser que la Argentina no tuviera documentada su propia deuda, contrató a los mismos acreedores para ordenarla. Fueron el Citibank, el Credit Swiss y otros bancos acreedores lo que determinaron cuánto les debemos, cuántos intereses había que pagarles, cuántas moratorias.
En el juicio llevado a cabo por Olmos, se detectaron más de 470 operaciones ilegítimas.
En uno de los contratos existe una cláusula firmada que dice “que si estos contratos fueran nulos, inejecutables por ilícitos, la República Argentina renuncia a denunciarlos o pedir la nulidad del contrato”
Fuentes:
Algunas perlitas de la Deuda Externa Argentina:
Walter Klein fue funcionario de Económía entre 1976 y 1981 y era representante de un banco sueco en la Argentina. Cuando se fue de la función pública, al mes y medio, representaba a 22 bancos extranjeros, todos acreedores de la Argentina.
Alfredo Calcagno estableció que en el 89 la deuda estaba cancelada. Todo lo que se pagó desde entonces es excedente. En 1993, el stock de deuda externa era de 63.000 millones. Del 93 al 2004 pagamos 140.000 millones y en el 2004 debíamos 191.264 millones de dólares.
En 1995, Domingo Cavallo manifestó que la República Argentina paga la Deuda Externa ante simple aviso de vencimiento y sin verificar en ningún caso si las cifras reclamadas eran exactas. Como se dio cuenta que no podía ser que la Argentina no tuviera documentada su propia deuda, contrató a los mismos acreedores para ordenarla. Fueron el Citibank, el Credit Swiss y otros bancos acreedores lo que determinaron cuánto les debemos, cuántos intereses había que pagarles, cuántas moratorias.
En el juicio llevado a cabo por Olmos, se detectaron más de 470 operaciones ilegítimas.
En uno de los contratos existe una cláusula firmada que dice “que si estos contratos fueran nulos, inejecutables por ilícitos, la República Argentina renuncia a denunciarlos o pedir la nulidad del contrato”
Fuentes:
Links Interesantes:
Fallo en el jucio sobre la deuda externa
El endeudamiento de YPF
Exposición de Alejandro Olmos en Brasil ante un encuentro denominado Tribunal de la Deuda Externa
Palabra Argentina
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